Unos 47,000 deportados por programa de huellas dactilares
10 de agosto (AP).- Unas 47,000 personas han sido sacadas o deportadas de Estados Unidos en 20 meses luego que el Departamento de Seguridad Nacional empezó a escudriñar en tres millones de huellas dactilares tomadas de las fichas policiales en prisiones locales. Aproximadamente una cuarta parte de los expulsados no tenían antecedentes penales, de acuerdo con información gubernamental obtenida por grupos de defensores de inmigrantes que han presentado una demanda. Los grupos tienen previsto divulgar los datos el martes, y suministraron copias preliminares a The Associated Press.De octubre del 2008 a junio de este año, un total de 46,929 personas identificadas mediante un programa para compartir huellas dactilares, conocido como Comunidades Seguras, fueron deportados de Estados Unidos, muestran los documentos. De esa cifra, 12,293 eran considerados como no delincuentes.'Espantosa amenaza' por la violencia del narcotráfico en la frontera.
10 de agosto (AP).- El gobernador Rick Perry le entregó una carta al presidente Barack Obama en la que le advierte sobre la "espantosa amenaza" por la violencia del narcotráfico en la frontera con México. En su carta dijo que había "una creciente evidencia de la violencia que se está pasando" desde México y le pidió a Obama que envíe más recursos a la región para "incrementar y hacer finalmente lo que sea necesario para asegurar nuestras fronteras".La carta cita varios ejemplos de violencia del lado de Texas en la frontera, incluyendo una granada que rodó dentro de un bar en Pharr, sin hacer explosión, en el 2009. Las granadas han sido relacionadas con ataques similares en la ciudad de Monterrey, México. Perry se presentó ante un grupo de especialistas conservadores tras recibir a Obama y dijo que le habría gustado tener "un intercambio de ideas más profundo" con el presidente, y también expresó su esperanza de que "él se tome el tiempo" para leer la carta. Cae empleo para jornaleros en Arizona.
09 agosto 2010 (Reforma)- El mercado de los jornaleros en Arizona, que venía en debacle por la crisis económica en el estado y una legislación antiinmigrante avalada en 2008, es golpeado ahora por la nueva ley SB1070, que criminaliza la inmigración indocumentada. En áreas como Thomas Road y la calle 36 en el este de Phoenix, donde hace un par de años se podía encontrar a unos 200 trabajadores indocumentados, ahora sólo se reúnen 20, una caída de 90 por ciento, reportó el diario The Arizona Republic.
Ahora, los pocos que se reúnen en ferreterías de autoservicio han optado por mantener un perfil bajo, permaneciendo sentados o recargados en un árbol. Incluso los obreros que habían perdido su empleo en el sector de la construcción, prefieren viajar a otros estados o regresar a México. Salvador Reza, un miembro de la organización pro derechos humanos Puente, declaró que ha alertado a los jornaleros acerca de la nueva legislación. Reza afirma que la norma es tan vaga que la Policía podría arrestar a los inmigrantes indocumentados sólo por levantar la mano en una esquina.
Muerte monja impulsa movimiento vs. Indocumentados
Al día siguiente del accidente, el procurador general de Virginia Ken Cuccinelli II opinó que la policía tiene autoridad para averiguar el status migratorio de toda persona detenida, como estipula la nueva ley de Arizona que actualmente analiza un tribunal federal. El individuo acusado por el accidente es Carlos A. Martinelly, un boliviano de 23 años que ya había sido condenado en dos oportunidades por manejar en estado de ebriedad. En el primer incidente, se lo excusó de cumplir una sentencia de 30 días en la cárcel y en el segundo, fue condenado a un año, pero un juez le hizo cumplir apenas 20 días de prisión. Las autoridades lo entregaron al servicio de inmigración tras el segundo incidente, pero estaba en libertad a la espera de que se ventilase su caso. Martinelly está preso en el Centro de Detención de Adultos del Prince William County (Adult Detention Center) y el fiscal dijo que pedirá al menos 40 años de cárcel. Las Hermanas Benedictinas de Virginia han dicho que no quieren que se use la muerte de la monja Denise Mosier "como un foro sobre la inmigración ilegal" y pidieron que la gente se enfoque en "la orden de Cristo de perdonar".
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